2. La aplicación rigurosa del principio de precaución en el campo de la ingeniería genética, tanto en lo que se refiere a investigación como a sus aplicaciones comerciales.
3. La adopción de un protocolo internacional legalmente vinculante que permita un control adecuado de las actividades que implican el uso de ingeniería genética en todo el mundo.
4. La garantía de transparencia informativa y mayor participación pública en la toma de decisiones relacionadas con la ingeniería genética, así como el etiquetado de todos los productos de ingeniería genética.
5. La prohibición explícita de concesión de derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y sobre el material genético procedente de seres vivos, tanto en la legislación Estatal como internacional.
6. La exigencia de responsabilidad civil a la industria o institución responsable de perjuicios ambientales o socioeconómicos derivados de la experimentación con ingeniería genética o sus aplicaciones comerciales.
7. La dotación
de mayores recursos públicos a líneas de investigación
en las diversas ciencias de la vida, evitando su concentración en
el campo de la ingeniería genética, con objeto de evaluar
mejor sus repercusiones ecológicas, y estudiar posibles soluciones
alternativas.